La Audiencia Provincial de Pontevedra, en su sección cuarta, ha fijado a partir de este viernes, día 1 de septiembre, el juicio contra el que fuera alcalde de Ribadumia, José Ramón 'Nené' Barral, acusado de liderar una organización de contrabando de tabaco entre 1996 y 2001. Se trata de la cuarta vez que se fija este señalamiento, que fue aplazado en tres ocasiones.
El juicio, por unos hechos que se iniciaron hace casi 30 años, se fijó inicialmente en septiembre de 2022. En aquella ocasión, Nené Barral y los otros 11 acusados llegaron a sentarse en el banquillo, pero la sesión se suspendió tras las cuestiones previas para resolver las peticiones de los letrados defensores.
Como consecuencia, en febrero de este año la Audiencia Provincial declaró nulas las escuchas telefónicas al exalcalde de Ribadumia, llevadas a cabo a partir de febrero de 1999, dejando sin efecto una de las principales pruebas contra él. Asimismo, también declaró nulos los "datos, hallazgos y pruebas" obtenidos a través de las escuchas.
El juicio volvió a fijarse para el mes de abril. Sin embargo, en esta ocasión tampoco llegó a celebrarse debido a que coincidía con señalamientos preferentes de algunos de los abogados personados; y de nuevo en junio, cuando se aplazó por imposibilidad de asistir de la letrada de la defensa.
Cabecilla de una organización
El escrito fiscal considera a Nené Barral cabecilla de una organización compuesta por otros 9 acusados que, entre 1996 y 2001, se habrían dedicado a introducir tabaco de contrabando en territorio europeo. En 2001, el hasta entonces alcalde de Ribadumia fue detenido por su presunta vinculación a un alijo de 432.000 cajetillas de tabaco.
Más en concreto, el Ministerio Fiscal considera que Barral y otros 9 acusados eran integrantes de un grupo organizado "estable" con la finalidad de introducir en España y en territorio europeo "importantes partidas" de tabaco de procedencia extracomunitaria, por vía marítima y terrestre, o a través de contenedores. Los otros dos acusados estarían implicados solo en la última operación.
Así, Fiscalía considera que disponían de medios materiales, como dos buques pesqueros y un buque mercante y se les acusa de causar perjuicio económico tanto a la Hacienda Pública estatal como a los presupuestos de la Unión Europea, con cuantías que rondarían los 5 millones de euros.
El grupo habría actuado gracias a la colaboración de varios funcionarios de Vigilancia Aduanera, que les permitiría introducir el tabaco a Galicia y en varios países europeos. En concreto, Fiscalía describe algunas de sus actuaciones, como la utilización de un barco pesquero propiedad de uno de los integrantes de la banda para transportar tabaco de la marca Winston hasta Europa.
En 1997, dice el fiscal, introdujeron 1,17 millones de cajetillas desde Senegal, con un valor de 376 millones de las antiguas pesetas (2,2 millones de euros). En la misma línea, realizaron más operaciones, contando en ocasiones con la colaboración de funcionarios y Guardia Civil para no ser capturados. Dos de los acusados estarían implicados solo en la última operación que se les atribuye.
Por todo ello, Fiscalía considera que los hechos narrados son constitutivos de delitos de asociación ilícita, delitos continuados de contrabando, delitos de revelación de secretos y de cohecho activo y pasivo. Por ello, pide para Barral, 10 años y medio de cárcel, además de una multa de más de 15,3 millones de euros.
Para el resto de los acusados, pide penas de entre dos y ocho años y multas que también superan los 15 millones de euros. Además, para seis acusados de contrabando también solicita que indemnicen de forma conjunta a la Hacienda Pública Estatal con casi 5 millones de euros y otros tres tendrán que pagar más de 600.000 euros al Heraldo público.
