Los investigados "han venido adquiriendo y manipulando sustancias estupefacientes que luego comercializaban, en particular, enviando sucesivas partidas de cocaína desde Vilanova de Arousa hasta la provincia de Barcelona, a bordo de vehículos modificados para dotarlos de compartimentos ocultos en dobles fondos en los que ocultar la droga". Esta es, en resumen, la acusación que mantuvo este lunes el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Pablo Varela, en relación con las presuntas actividades narcocriminales atribuidas a Braulio V. y a su hermano de madre Luis P., que se enfrentan a sendas penas de diez años de prisión. La representación legal de ambos mantuvo su no culpabilidad en la última sesión del juicio oral celebrado en la Sección Cuarta de la Audiencia, insistiendo en los argumentos esgrimidos durante el plenario.
Sobre Braulio, que sería detenido pocos meses después de estos hechos por su presunta relación con los 3.800 kilos de cocaína del mercante Karar vinculados policialmente a Juan Carlos Santórum, Varela señala que "coordinaba y dirigía la actuación de los otros dos acusados desde su domicilio de Vilanova de Arousa. Era quien establecía los contactos precisos, tanto para disponer de la cocaína distribuida por los investigados, como para determinar a quién vendérsela. En su domicilio disponía de las sustancias necesarias para el corte y preparación de la cocaína. Y en su domicilio guardaba los vehículos especialmente adaptados para el transporte de sustancias estupefacientes". Sobre esas sustancias, el acusado dijo en el juicio que las utilizaba para un proyecto de fabricación de palas de pádel en el que estaba inmerso en el momento de los hechos, a principios de 2019. En concreto, fueron hallados en su domicilio 20 kilos de acetona, medio kilo de ácido clorhídrico y 300 gramos de metiletilcetona, además de levamisol y tetracaína.
En el juicio, los funcionarios de Aduanas, que desarrollaron la investigación junto a la Policía Nacional, explicaron que ya desde 2018 seguían la pista de la persona que viajaba de forma rutinaria desde el área de Vigo a O Salnés efectuando movimientos muy extraños. Era el correo de la droga que, según el fiscal, operaba al servicio de Braulio, que falleció antes de poder comparecer ante la Justicia. "Era muy evidente que realizaba actividades de tráfico de estupefacientes casi a diario", aseguró uno de los agentes. Los testigos relataron que el investigado acudía a la vivienda de la madre de los dos investigados, en la que residía Luis P., y también a la de Braulio V. Otro agente que participó en los registros en la vivienda del principal investigado recordó el momento en el que apreciaron irregularidades en el interior de uno de los coches, donde había una caleta para ocultar la droga, e intervino Braulio. "Dijo, ya os abro yo, ya sé lo que buscáis, y accionó el mecanismo". El funcionario señaló como "instrumento muy técnico de contraespionaje" un medidor de antenas hallado en los registros.
Las posibles penas: diez años de cárcel para los dos acusados
Las defensas de los acusados insistieron en sembrar dudas acerca de la legalidad de la colocación de la baliza en uno de los coches que servían para los transportes de droga, al tiempo que intentaron desvincularles de la droga intervenida en los mismos. El fiscal, por su parte, mantuvo su petición de penas de diez años de cárcel para los dos acusados, ocho por un delito contra la Salud Pública y dos más por integración en grupo criminal.
Los dos acusados, para justificar la presencia de restos de droga en sus domicilios, pusieron sobre la mesa la supuesta adicción a la cocaína que sufrían en el momento de ser detenidos. Braulio, por su parte, alegó también que trabajaba como mecánico.
