La Fiscalía pide más de 17 años de cárcel para un vecino de Vilagarcía de Arousa por delitos de agresión sexual, lesiones, maltrato continuado, injurias y amenazas contra la que fue su pareja y madre de sus dos hijos. El caso procede del Juzgado de Instrucción nº3 de Vilagarcía y se juzgará este miércoles en la sección cuarta de la Audiencia provincial de Pontevedra.
Según relata el Ministerio Fiscal, el acusado mantenía una relación sentimental con la víctima desde 2016, fruto de la que nacieron dos niños, menores de edad. En el mes de agosto del año 2018, y a raíz de una denuncia por malos tratos interpuesta por la víctima contra el procesado, se puso fin a la relación sentimental existente entre ambos.
Con posterioridad a la ruptura, y ante las promesas del procesado de que la ayudaría en el cuidado de los dos hijos, la víctima accedió a retirar aquella denuncia, quedando en verse tan solo los fines de semana. A pesar de ello, el día 1 de enero de 2019 el procesado se trasladó a vivir al domicilio de la joven, donde llevó a cabo "constantes actos de violencia física". Además, el procesado era una persona controladora y posesiva, según detallan.
Asimismo, el procesado le decía constantemente que le iba a quitar a sus hijos, llegando la víctima a mantener relaciones sexuales con él, apesar de que no quería, por temor a que se los quitara.
Ya en marzo de 2019, estando los dos en el domicilio, se inició una discusión entre ambos por la devolución de un teléfono móvil que él le había regalado a ella y como esta no se lo daba, el acusado la tiró al suelo, la desnudó y le pegó varios puñetazos por lo que tuvo que recibir atención médica.
Al mes siguiente, sobre las 05,00 horas, la víctima despertó al procesado porque llevaba varios días sin dormir debido a que los hijos en común menores de edad no la dejaban descansar. "El acusado se despertó enfadado", le gritó que le dejara en paz y la agarró del pelo y le dio un golpe en la cara con el marco de la puerta de la habitación.
A continuación, la arrastró hasta el rellano de la escalera y le cerró la puerta de la vivienda, todo ello mientras ella tenía en sus manos a su hija.
En noviembre, los dos quedaron a tomar un café, tras lo que el acusado acompañó a la víctima hasta el portal del inmueble donde residía ella. Una vez allí, el procesado le pidió si podía cambiarse de ropa ya que tenía que ir a rehabilitación, a lo que ella accedió, pero con la condición de que se cambiara en el portal del inmueble y no en su piso. Allí la acorraló contra una pared e intentó besarla, lo que la víctima trató de evitar, aunque sin éxito.
Acto seguido, el procesado la agarró por los brazos y la colocó contra la pared, la tiró al suelo y la agredió sexualmente. A raíz de estos hechos, la víctima experimentó un trastorno de estrés postraumático para el que precisó, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento psicológico.
Finalmente, en febrero de 2020, mientras la víctima iba caminando por la Avenida Rosalía de Castro de Vilagarcía de Arousa, se percató de que el procesado iba conduciendo su vehículo. Un poco después, cuando la joven iba a cruzar por un paso de peatones, el procesado aceleró la marcha y pasó con su vehículo a toda velocidad justo al lado de la víctima.
Mediante auto de fecha 4 de febrero de 2020 dictado por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Vilagarcía de Arousa, se impuso al procesado la prohibición de aproximarse a su ex pareja sentimental, a una distancia no inferior a 200 metros, así como también la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio. En virtud de providencia de fecha 27 de julio de 2022 dictada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, se acordó el mantenimiento de las medidas cautelares ya existentes respecto del procesado.
PETICIÓN DE PENAS
Por todo esto, la Fiscalía pide, por el delito de maltrato habitual contra la mujer, una pena de dos años y seis meses de cárcel y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de 4 años y 6 meses. También que el acusado no pueda aproximarse a su ex pareja sentimental en un radio no inferior a 200 metros por un plazo de 3 años superior a la pena de prisión impuesta. Del mismo modo, el procesad o no podrá establecer contacto con su ex pareja sentimental por el mismo plazo.
Por el delito de lesiones contra la mujer, solicitan 24 meses de prisión privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de 3 años. En cuanto a la prohibición de acercarse a la víctima y comunicarse con ella, lo solicitan también por un plazo de tres años superior a la pena impuesta.
Por el delito de agresión sexual con penetración, solicitan una pena de 12 años de prisión, así como la prohibición de aproximarse a su ex pareja sentimental en un radio no inferior a 200 metros por un plazo de 10 años superior a la pena de prisión impuesta.
Por el delito de amenazas contra la mujer solicitan una pena de nueve meses de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de dos años. También que el procesado no pueda aproximarse a su ex pareja en un radio no inferior a 200 metros por un plazo de tres años superior a la pena de prisión impuesta. Del mismo modo, el procesado no podrá contactar con la víctima por un plazo de tres años superior a la pena de prisión impuesta.
Por el delito de injurias contra la mujer, solicitan 16 días de localización permanente en domicilio diferente y alejado del de la víctima. Además, piden también que el acusado no pueda aproximarse a ella en un radio no inferior a 200 metros por un plazo de seis meses y el mismo plazo para la prohibición de comunicarse con ella.
Finalmente, solicitan que el acusado abone las costas procesales y en cuanto a responsabilidad civil, piden que el acusado indemnice a la víctima con 600 euros por las lesiones sufridas el día 25 de marzo, con 1.600 euros por las lesiones sufridas en fecha indeterminada del mes de abril del año 2019, en la cantidad que se determine en el acto del Juicio Oral o, en su caso, en ejecución de sentencia por las lesiones físicas sufridas en fecha indeterminada del mes de noviembre del año 2019, con 2.400 euros por la secuela derivada del estrés postraumático de carácter moderado y con 10.000 euros en concepto de daños morales.
Por otra parte, el procesado deberá indemnizar al Sergas en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por la asistencia médica prestada a la víctima con ocasión de todos y cada uno de los hechos objeto del procedimiento.
