Eludirá la cárcel tras reconocer que intentó abusar de una menor

El proceso, instruido por el Juzgado Número 1 de Vilagarcía, parte de al menos un episodio delictivo que tuvo lugar en el interior del domicilio que compartían el ahora condenado y la víctima en 2020

 Audiencia Provincial de Pontevedra. DAVID FREIRE
photo_camera Audiencia Provincial de Pontevedra. DAVID FREIRE

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogió este martes la vista oral contra un vecino del Partido Judicial de Vilagarcía de Arousa acusado de un delito de abusos sexuales sobre persona menor de edad en grado de tentativa. La vista oral, previa negociación entre los letrados de la defensa y el Ministerio Fiscal, representado en el caso por Alejandro Pazos, se saldó con una condena a dos años de prisión cuya ejecución en el interior de un centro penitenciario queda en suspenso. Ello fue así tras el reconocimiento expreso de los hechos que se le atribuían en el escrito de acusación.

El proceso, instruido por el Juzgado Número 1 de Vilagarcía de Arousa, parte de al menos un episodio delictivo que tuvo lugar en el interior del domicilio que compartían el ahora condenado y la víctima en el año 2020.

La Fiscalía de Pontevedra solicitaba inicialmente para el investigado una pena de dos años y medio de cárcel, además de la prohibición de aproximarse a la menor, a su domicilio o a cualquier lugar que frecuente a una distancia inferior a los 200 metros, y la de comunicarse con ella por cualquier medio por un período de cuatro años.

Además, pedía para el investigado la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un período de seis años, así como una medida de libertad vigilada por un período de cinco años. Otra pena accesoria relevante es la obligación de someterse a un programa de educación sexual.

Todos estos epígrafes quedaron reflejados en la sentencia, si bien muchos de ellos están a punto de cumplirse, ya que entraron en vigor en 2020, cuando se denunció lo sucedido. Su cumplimiento será, en todo caso, obligado; de lo contrario, el acusado deberá ingresar en un centro penitenciario para saldar sus deudas con la Justicia.