La Audiencia Provincial de Ourense retomó este lunes el juicio contra nueve personas acusadas de varios delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, una vista en la que la defensa del cabecilla, Franciso Javier Janeiro, Javillo, detenido en una gasolinera de Sanxenxo en 2021 en una entrega frustrada de heroína, cuestionó por qué no lo detuvieron durante la investigación, a pesar de que sobre él pesaba una orden de busca y captura.
Según contó en sede judicial, cuando sucedieron los hechos, en diciembre de 2021, el hombre tenía en vigor una orden de busca y captura dictada por la Audiencia Nacional por un delito contra la salud pública. Sin embargo, no fue detenido mientras era investigado en el marco de esta operación. La letrada de la defensa, por cuya enfermedad se aplazó este juicio que comenzó el pasado mes de octubre, aprovechó la vista oral de este lunes para cuestionar si se cumplió el deber legal de detenerlo.
Tanto el instructor de la Guardia Civil como el de Vigilancia Aduanera aludieron en su declaración a que comunicaron la situación a Fiscalía y al Juzgado y "nadie impidió seguir con las investigaciones". "Esta investigación abarcaba a más personas y estaba bajo secreto de sumario, corríamos el riesgo de ponerla en peligro". La abogada preguntó a cada uno de los agentes "si vio alguna transacción de droga o de dinero" previa a la de la detención, porque, según su defensa, en su atestado los agentes señalan que "se produjeron más de sesenta transportes". Los testigos han explicado que la conclusión "parte de una relación causa y efecto" al tener en cuenta los indicios, las pesquisas y en general el trabajo de la investigación.
Asimismo, la defensa cuestionó la colocación de un dispositivo que efectuaba fotografías mediante un detector de movimiento en un callejón del barrio ourensano de O Vinteún, donde se encuentran los garajes donde presuntamente se llevaban a cabo las cargas y descargas de droga.
"Se aportan los fotogramas que son de interés, como en todas las operaciones", ha sido la respuesta de uno de los agentes de la Guardia Civil que intervino en la operación. Previamente, otro agente aclaró que "el uso de videocámaras por parte de la Policía Judicial no entra entre los supuestos legales que requieren autorización por parte de la Subdelegación del Gobierno".
El juicio continuará a lo largo de esta semana. Este martes se produce la declaración de más agentes que intervinieron en la operación, que partió de una investigación contra un traficante de hachís, quien ya en la primera sesión reconoció los hechos y pactó su condena.
