726.000 euros en efectivo, una colección de relojes (con ocho Rólex), más de 1.000 libras esterlinas, armas y, lo más importante, tres cuadernos con anotaciones manuscritas referidas a la actividad contable del negocio de tráfico de drogas a gran escala que dirigía desde hacía años en España. Gary Williams, de 67 años, era el máximo responsable del cártel de Liverpool, su ciudad natal, en la Península.
Desde su domicilio de Marbella se encargaba de coordinar la recepción de grandes partidas de cocaína procedentes de Sudamérica por varias vías. Confiaba, entre otras, en las costas gallegas. Sin embargo, sus socios holandeses no guardaron las precauciones necesarias cuando acudieron a las Rías Baixas. La Brigada Central de Estupefacientes les seguía la pista merced a una doble investigación iniciada por los Greco Galicia en Pontevedra y por sus compañeros de la Costa del Sol en Málaga.
Los billetes de 500 euros en el Hostal dos Reis Católicos, donde se hospedaron, les delataron. Lejos de percatarse de los seguimientos, acudieron al nudo de Barro-Meis para recoger lo que pensaban sería un alijo de 2,5 toneladas de cocaína. Agentes encubiertos del Cuerpo Nacional de Policía les entregaron la droga, que ya habían cambiado por una sustancia inocua. Ocurrió en diciembre de 2015. Era el final de la operación Dulce, que ahora concluye en su fase judicial con doce condenas tras el reconocimiento expreso de los hechos por parte de todos los investigados, británicos, holandeses y españoles.
Todo comenzó en agosto de 2015, cuando un trabajo conjunto de la Drug Enforcement Administration (DEA) y la Policía de Colombia tuvieron conocimiento que una gran red criminal afincada en el país sudamericano con base en Barranquilla había organizado un narcotransporte por vía marítima y cuyo canal de entrada sería la provincia de Pontevedra, que no el destino final. Los dueños del cargamento serían los citados individuos británicos afincados en la Costa del Sol, que estarían apoyados para el ilícito negocio por narcos holandeses y por al menos dos españoles.
El avance de las pesquisas sirvió para la incautación de 2,5 toneladas de cocaína que se dirigían hacia España en altamar. La sustancia, una vez intervenida, fue trasladada desde Miami hasta Madrid previa autorización judicial. La red criminal que se pretendía desarticular no tenía conocimiento de la caída del cargamento, por lo que la Policía puso en marcha un amplio dispositivo con la intervención de agentes encubiertos.
Pocos días después, el 10 de diciembre, los representantes del entramado de Países Bajos llegaron al Hostal dos Reis Católicos de Santiago, donde se encontraron con uno de los españoles residentes en la Costa del Sol para cerrar los acuerdos, así como con un miembro de un tercer grupo holandés y con el ya citado Williams, del cártel de Liverpool y también afincado en Málaga. En dicha reunión se entregaron 500.000 euros en efectivo en billetes de 50, 100, 200 y 500. Era el dinero preciso para el buen fin de la operación. Los narcos no ocultaban su poder económico. Al contrario. Llegaron a pagar consumiciones de bar con esos mismos billetes. Agentes de Greco Galicia no les perdieron de vista en ningún momento.
LA ENTREGA. El 14 de diciembre, y tras recibir las instrucciones de los jefes de los grupos narcocriminales, tres de los investigados se reunieron con quienes pensaban que le iban a suministrar las 2,5 toneladas de cocaína que pretendían transportar al Sur de España en una furgoneta habilitada a tal efecto, con un doble techo que le permitía cargar unos 700 kilos de droga en cada viaje. Tras el encuentro, los holandeses abandonaron el lugar y los agentes encubiertos cargaron en la furgoneta, siguiendo a pies juntillas las indicaciones de los narcos, 24 fardos de cocaína ya sustituida por una sustancia inocua, maniobra para la que precisaron de unas dos horas.
A continuación, los agentes entregaron el vehículo a los dos transportistas, ambos españoles, que pretendían trasladar no solo esos 600 kilos, sino también el resto del alijo, hasta 2,5 toneladas, en varios viajes con la misma furgoneta entre las Rías Baixas y la Costa del Sol. Antes de que partiesen, en el polígono industrial de Barro-Meis, un gran despliegue de la Policía sirvió para detener a los españoles. De forma simultánea, otra unidad arrestaba a los holandeses que seguían en Compostela, en plena plaza del Obradoiro.
Ese mismo 14 de diciembre, Gary Williams era informado de la caída del cargamento en un bar de copas de Marbella. Sin tiempo de reacción y cuando todavía permanecían en el citado local, todos los allí presentes, que habían sido citados mediante comunicaciones encriptadas, fueron detenidos.
La Policía registró las habitaciones de regio hotel compostelano y los domicilios relacionados con todos los detenidos. Destacaron los hallazgos en la residencia de Gary Williams ya referidos, pero también la gran cantidad de dispositivos móviles con tecnología para comunicarse de forma encriptada, así como vehículos de gama alta, dinero en efectivo (además de euros y libras, dirham marroquíes), hasta un total de 1,4 millones de euros, "todo ello procedente del tráfico de drogas", según el juez.
RETRASO JUDICIAL. Las sentencias, todas ellas condenatorias, no se corresponden con la gravedad del delito cometido por los investigados, que intentaban hacerse con un alijo valorado en unos 100 millones de euros cuando fueron detenidos. Ello es así porque la investigación por parte de la Fiscalía Antidroga al compás de los avances aportados por la Brigada Central de Estupefacientes culminó en 2018, período más que razonable. Sin embargo, el colapso de la Audiencia Nacional impidió que la fase de juicio avanzase en su momento, demorando la misma hasta 2022. Ello sirvió a los acusados para beneficiarse de la atenuante de dilaciones indebidas, lo que, junto a la confesión tardía de lo sucedido, comporta penas bajas.
Así, la pena más elevada es la que se le impone al capo británico (siete años y medio de cárcel). Para el resto de los acusados, la Audiencia Nacional fija condenas de entre dos y cinco años de prisión, según los casos, además de multas y, eso sí, el decomiso del dinero y de los bienes intervenidos en los registros.
