El anuncio realizado este martes por el Ministerio de Vivienda, fijando los baremos para marcar precios máximos y mínimos de los alquileres en función de cada zona residencial, apenas ha levantado polvareda entre los concellos turísticos del entorno de Pontevedra, que más bien ven de refilón esta medida.
La gran mayoría se acogió a aquella máxima de "ni está ni se le espera" al ser consultados sobre sus intenciones de ser declarados enclaves sensibles. Otros, como la capital, reconocen que es un tema a tener en cuenta y abren la puerta a seguir los pasos de urbes como Santiago y A Coruña, que ya han solicitado a la Xunta recibir esta consideración.
Son contados los ejemplos de consistorios que reconocen un interés abierto por el tema: dos se encuentran en O Salnés y otro en O Morrazo. También están los casos de quienes no descartan la idea, pero no creen que sea el momento adecuado. Es la postura defendida por Poio.
El Gobierno local fue de los primeros de la provincia en posicionarse sobre esta medida de control de los precios de los alquileres. Lo hizo en noviembre y ya entonces se mostró partidario de definir zonas dentro del municipio en las que se pudiera acotar la cuantía de las mensualidades.
De hecho, Miguel Anxo Fernández Lores anunció que se encargaría un informe sobre el mercado inmobiliario del municipio y decidir, a partir de sus conclusiones, la conveniencia o no de poner en marcha nuevas medidas.
Para llegar a la declaración de zona tensionada, hay que manejar dos variables: la renta media de los habitantes y el precio de los alquileres (que no ha parado de subir en los últimos años). La última palabra la tiene la Xunta, reticente al principio a subir al carro de comunidades como Cataluña, pero que ahora se muestra dispuesta a valorar los distintos casos.
En el caso concreto de Pontevedra, hay 42.646 viviendas, de las que el 14,15% están vacías y otro 17,76% están arrendadas.
La renta media por habitante en la ciudad es de 13.407 euros al año. Y el precio de los alquileres ha llegado a límites históricos, pero es muy difícil (por no decir imposible) encontrar una vivienda céntrica por menos de 500 euros al mes (incluyendo los minipisos).
El eje de Benito Corbal, Campolongo, Raíña Vitoria y la desembocadura del Gafos son las "zonas calientes" de la ciudad.
Serio problema residencial en O Grove
Otro concello dispuesto a tomarse en serio esta posibilidad es A Illa de Arousa, que anunció su intención de "poñernos a traballar nos próximos días". Una respuesta similar la dio O Grove, cuyo regidor, José Cacabelos, admite que tiene un serio problema residencial en su municipio. "Urxe tomar unha serie de decisións para controlar esta actividade, que nos últimos tempos estase disparando e empeza a xerar un problema de vivenda na vila", indicó.
Anunció la inminente puesta en marca de un estudio, "porque as inmobiliarias e os veciños nos trasladan que os prezos se están disparando, porque moitos pisos comenzan a ter exclusivamente para destino turístico e dispor dun piso de aluguer durante 12 meses semella ser xa unha odisea". El regidor agregó que "hai asociacións que nos trasladan a necesidade de facer un control sobre as vivendas residenciais de uso turístico".
Bueu también quiere tomarse en serio el asunto, "pero aínda non podemos adiantar nada, porque non tivemos tempo". Más excéptico es Poio, "porque polo de agora hai boa convivencia e nos lugares onde se teñen aplicado, os criterios xeraron máis prexuízos que beneficios para a veciñanza", indicó la concelleira de Urbanismo, Rocío Cochón.
El contrapunto lo ponen Marín y Sanxenxo, que descartan totalmente cualquier solicitud.
