El juzgado de instrucción número 1 de Vilagarcía considera al exsacristán de Vilanova de Arousa autor de un delito continuado de apropiación indebida por llevarse a su casa decenas de objetos litúrgicos, documentos, tallas y figuras de la parroquia de San Cipriano.
En un auto firmado el pasado 13 de febrero, la magistrada Leonor Castro da por concluida la instrucción del caso iniciado con la detención en mayo de 2021 de M.A.P.F., que ejercía como sacristán de la parroquia hasta noviembre de 2020, momento en el que llegó a Vilanova un nuevo párroco en sustitución de su predecesor, fallecido en agosto.
La jueza considera que el exsacristán aprovechó el período en el que el párroco estuvo hospitalizado hasta su muerte (de abril a agosto de 2020) para llevarse a su casa y a la de su madre decenas de objetos, imágenes litúrgicas y documentos propiedad de la parroquia.
En los registros efectuados en las viviendas de ambos, los agentes de la Guardia Civil hallaron pergaminos del siglo XIX, tallas e imágenes de santos, documentos relacionados con asociaciones y agrupaciones eclesiásticas, libros litúrgicos, ropa, un anillo, candelabros, un reloj y hasta una cruz de altar.
La instrucción también ve indicios de que durante la estancia del antiguo párroco en el hospital se habría llevado en cajas y en colaboración con monaguillos y mujeres de la parroquia un total de capillas domiciliarias, que fueron localizadas en la casa de la madre del exsacristán.
Estos hechos fueron denunciados por el nuevo párroco de San Cipriano, que fue designado el 13 de noviembre del año 2020. A su llegada, el cura tuvo problemas con el hasta entonces sacristán, que se negó a entregar las llaves del complejo rectoral, por lo que el párroco ordenó que se cambiasen las cerraduras.
Por todo ello, tras recabar las versiones de las implicados, cotejar las diligencias practicadas y estudiar un informe del departamento de Patrimonio de la Xunta, la jueza instructora considera que el exsacristán es autor de un delito continuado de apropiación indebida.
La resolución ha sido remitida a Fiscalía y la defensa del implicado para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Para ello tienen un plazo de diez días.
