El Concello ya cuenta con el plan antifraude para usar los fondos Next Generation

El cumplimiento de este trámite requerido por la UE permite a Ravella poder invertir los 3 millones de euros concedidos al municipio a través del Plan de Resiliencia
Concello de Vilagarcía. DS
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El Concello de Vilagarcía cuenta en su haber ya con el Plan de Medidas Antifraude que, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, exige la Unión Europea para gestionar los fondos Next Generation en los que la localidad de O Salnés participa a través de dos proyectos cuyo valor asciende a los 3 millones de euros. La obligación impuesta a todos los organismos beneficiarios de las subvenciones de este programa tiene como objetivo garantizar que los fondos concedidos se utilizarán de conformidad con las normas aplicables y sus fines establecidos y, en especial "no que se refire á prevención, detección e corrección do fraude, a corrupción e os conflictos de intereses". Con el plan en la mano, el Concello ya puede empezar a utilizar los fondos disponibles.

Según señala la propia Orden comunitaria y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la competencia para aprobar el Plan Antifraude corresponde a la Alcaldía. En el caso de Vilagarcía, la competencia fue delegada por el alcalde a la Xunta de Gobierno Local, que ya dio el preceptivo visto bueno. A pesar de esto, se dará cuenta en el Pleno a efectos de que toda la corporación tenga conocimiento de la existencia y contenido de dicho documento.

Proyectos para el sector turístico y el comercio de proximidad

El Concello de Vilagarcía participa en los fondos Next Generation con un proyecto incluido en el Plan de Sustentabilidad Turística en Destino (PSTD) al que le fueron concedidos 2,5 millones de euros, y a través del Vilagarcía Viva, el proyecto de revitalización del comercio de proximidad dotado con otros 537.023 euros.

En el Plan de Medidas Antifraude del Concello de Vilagarcía se establecen toda una serie de normas y procedimientos destinados a la protección de los intereses financieros de la UE y a garantizar que los fondos se utilizan de forma correcta y para alcanzar los fines para los que fueron concedidos: financiar actuaciones que contribuyan a la recuperación y al desenvolvimiento económico tras la crisis generada por la pandemia. Además de establecer los órganos de control y de crear un comité antifraude, concretar medidas de prevención, de evaluación del riesgo de fraude, así como de detección, corrección y persecución del mismo. También se establece un plan de seguimiento y control periódico de la gestión de los fondos, así como un test de compatibilidad con el régimen de ayudas del Estado para evitar el doble financiamiento. 

Además de condicionar la recepción de los fondos a contar con el Plan Antifraude, la normativa europea establece que, una vez se cuente con él "serán as entidades executoras as responsables últimas da xestión dos citados fondos europeos no ámbito das súas respectivas competencias".