Una sentencia del Juzgado Contencioso administrativo obliga a los propietarios de un edificio de la Rúa Progreso a pagar al Concello el derribo subsidiario ejecutado a principios de 2020. El fallo rechaza los dos recursos de reposición presentados contra las liquidaciones giradas por el Concello a la comunidad hereditaria del inmueble por los gastos del derribo que ascienden a 50.309 euros.
El edificio fue declarado en estado de ruina en 2018 concediendo un plazo de 3 meses a los propietarios para ejecutar la demolición. Ante la falta de cumplimiento, el Concello decidió acudir a la ejecución subsidiaria de derribo y girar los gastos ocasionados a los dueños del inmueble. La magistrada recoge en la sentencia que “todo indica que se intenta evitar a toda costa cualquier gasto asociados a la ejecución del derribo” y hace “poco sincera” la reclamación de la piedra retirada o la deducción de su importe en la liquidación final. El fallo no es firme, los propietarios pueden recurrir al TSXG en un plazo de quince días.
Por otro lado, el Concello avanza en el proceso de caducidad de licencias de 8 de las 10 edificaciones a las que está previsto iniciar un expediente de reposición de la legalidad que en la mayoría de los casos culminará en un derribo. Se trata de esqueletos de cemento y hormigón que además de generar importantes casos de feísmo en el municipio, provocan graves problemas de salubridad y seguridad. Una situación con la que el gobierno quiere acabar y por la que ha iniciado una revisión de todas estas estructuras que se encuentran en distintos puntos del municipio. Algunos de los propietarios de estas estructuras obtuvieron hace más de 30 años la licencia de obra, permiso que tiene una vigencia de tres años, pero nunca llegaron a rematarla.
